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Dicho sin hecho no trae provecho.

Para los supersticiosos esta crisis sanitaria es una de las desgracias que deparan los años bisiestos. En la creencia popular los años bisiestos traen muerte, plagas, catástrofes, inundaciones, terremotos, etc.,   y son asociados, en todo el mundo, a un sinfín de desgracias casuales que desde luego nada tienen que ver con el Calendario Gregoriano.

Este coronavirus, que se convertirá en unos meses en el responsable de una crisis económica y laboral, en una nueva recesión en toda Europa, nos dejará más lecciones de las que podíamos sospechar cuando escuchábamos desde la lejanía las noticias de la provincia de Wuhan. Superada la crisis sanitaria una de las primeras cuestiones políticas que tendremos que dar por aprendida y aceptar es que el ciudadano, cuando realmente las cosas vienen mal dadas, tiene más confianza en el Estado que en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Con esta crisis del Covid-19 ha quedado demostrado, en escasamente cuarenta y ocho horas, que la aplicación de medidas de carácter local, provincial, autonómico, etc., crean mayor desconcierto y desconfianza en los ciudadanos, siendo la administración más directa y cercana, que la supresión de determinados derechos civiles por parte del Estado con la declaración del estado de alarma durante un periodo de quince días.

La retahíla de declaraciones y medidas adoptadas por cada alcalde, consejero, presidente de autonomía, rector de universidad, presidente de federación deportiva o junta de gobierno de una cofradía, cada una de ellas en su sector o ámbito, pero rayando siempre el límite de sus competencias o  incluso algunos excediéndose, ha quedado de manifiesto que genera más incertidumbre en el resto de los ciudadanos que tranquilidad en la demarcación territorial, administrativa o asociativa donde ejercen su poder o influencia. Desde el inicio de la crisis sanitaria todos han querido dejar su huella estableciendo normas y dando recomendaciones al pueblo, unos a favor de corriente y otros nadando rio arriba, de cómo interpretar o abordar desde sus particulares interés de poder esta jodida epidemia, convertida ya en pandemia. Cuando esto sucede, cuando cada preboste habla del interés general pero cada uno de ellos piensa realmente en sus intereses particulares, políticos o económicos, es cuando nuestro refranero entra en juego y nos recuerda que:  el dicho sin hecho no tiene provecho.

El gobierno ha reaccionado en tiempo y forma ante los anuncios de medidas unilaterales, distintas y dispersas, por parte del resto de administraciones antes de establecer el mando único para garantizar la coordinación, colaboración y cooperación de todas las administraciones. Ha sido prudente realizando primero recomendaciones, que incluso algunos presidentes de comunidad se atrevieron a cuestionar, antes de decretar el estado de alarma. Ha valorado y oído a los profesionales y ha debatido con sus ministros la mejor forma de abordar esta primera fase de la crisis estableciendo las bases para contener la epidemia.

Ha sido terminar el presidente del gobierno de hacer la rueda de prensa donde explicaba las medidas de contención que publicaría el BOE y ya tenía el PP contraprogramada otra rueda de prensa, solo dos minutos después, diciendo que apoyaba la declaración de estado de alarma, que ya habían solicitado ellos durante toda la semana, pero discutiendo el liderazgo del presidente del gobierno. Le ha preocupado más a los populares que el consejo extraordinario de ministros haya tenido debate interno durante siete horas que el contenido del propio decreto. Se nota la falta de democracia interna en la oposición como ya demostró días pasados dentro de su propia organización en el País Vasco cesando a los dirigentes que no opinaban como él.

La verdadera mala suerte de los años con 366 días, y no es casual sino causal, es tener políticos en la oposición a los que preocupa el debate político más que el resultado. Si este consejo de ministros no hubiese tenido debate valorando todas las derivadas de esta crisis, sanitarias, empresariales, económicas, sociales y como poder abordarlo desde el inicio es cuando nos deberíamos de preocupar como ciudadanos.  El consejo de ministros es un órgano colegiado y una de las atribuciones específicas que le atribuye la ley 50/1987 es la declaración de estado de alarma. Y lo que otorga la legitimidad a la decisión de un órgano colegiado es su deliberación, aunque en este caso sean secretas.

Una mirada critica de Ciudad Real. Apasionado y vehemente por mejorar esta ciudad. Puedes contactar conmigo y te respondere

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