Presupuestos 2018 y la cuestión de confianza
En el Ayuntamiento de la capital se han presentado diecisiete mociones en los dos primeros plenos del año 2018 y ochenta y dos en el ejercicio de 2017. Además de las declaraciones institucionales.
En Ciudad Real los vecinos han decidido una nueva forma de gobernar no otorgando la mayoría a ningún partido. Pero, como es habitual, esto no ha sido entendido de la misma forma por todos y además la legislación va por detrás de lo que deciden los ciudadanos.
En cada sesión plenaria la creatividad de los ediles es ilimitada para presentar las iniciativas que consideran que representan el sentir de sus electores y poder utilizar la tribuna municipal en defensa de su propuesta política. Es cierto que muchas de las mociones en realidad son ruegos al pleno por su forma de redacción, simples declaraciones ideológicas o bien adhesiones a determinadas manifestaciones culturales, sociales, etc. del momento. Pero, en otras ocasiones la moción es una iniciativa para intervenir en la gestión municipal y en la vida ordinaria de los servicios municipales que comporta que el equipo de gobierno la ejecute. En estos casos si lleva aparejado un gasto se ha de incluir en la correspondiente partida presupuestaria.
La casuística municipal sobre las mociones es extensa…
Desde la aprobación por unanimidad de todos los grupos que conforman la Corporación hasta la aprobación por la mayoría del pleno con el voto en contra del equipo de gobierno.
La paradoja esta cuando la mayoría del pleno aprueba la moción y el quipo de gobierno ha votado en contra de su ejecución, ¿qué hacer en una situación como esta? El pleno municipal es el máximo órgano de representación que tienen los vecinos de Ciudad real, representa al conjunto de los electores, por tanto cualquier acuerdo adoptado por mayoría en el pleno debería de convertirse en vinculante y ser ejecutado por quienes gobiernan.
En el caso de los Ayuntamientos no existe capacidad de veto y un equipo, en minoría, se puede encontrar con un mandato del pleno contrario a su propio voto. Cuando esto sucede y no quiere cumplir con el contenido de la moción la única opción que tiene es no modificar en los presupuestos la partida correspondiente para ejecutarla y la moción pasa al “Limbo Municipal”. Esto último es lo que ha hecho el equipo de gobierno de Ciudad Real con muchas mociones o propuestas del ejercicio de 2017.
Ahora bien, cuando se gobierna en minoría, los pactos y acuerdos adoptados si no cumples con ellos se pueden volver en tu contra rápidamente y eso le ha ocurrido al PSOE con Ganemos para desbloquear los presupuestos de 2018 y por ello ha tenido que recurrir a expedientes de modificación de créditos que incorporen los gastos que había comprometido previamente. Aun queda por resolver el tratamiento que se dará a los acuerdos adoptados por mayoría de votos en el pleno mediante mociones, en algunos casos recogidas de la iniciativa y queja de los ciudadanos, y si serán incluidas las partidas presupuestarias en el ejercicio 2018 para la ejecución de lo acordado por el máximo órgano de representación municipal.
En esta semana se discutirán los presupuestos municipales para el actual ejercicio 2018, con el consabido retraso, lo normal y coherente es que se incluyan las partidas necesarias para ejecutar los acuerdos de pleno adoptados de ejercicios anteriores y mas si estos son consecuencia directa de peticiones ciudadanas y viejas reivindicaciones.
Desde la coherencia política, pero también desde la más absoluta legalidad, debe darse cumplimiento a los mandatos del pleno municipal. Es muy difícil explicar a un vecino que aquello que ha sido acordado por la mayoría no es respetado por el grupo minoritario que gobierna y no pasa nada. Podría pensar que se trata de una situación de fraude en la representación que ejerce el pleno como máximo órgano de la ciudad donde están todos los electores representados.
Si el equipo de gobierno no ve aprobado su proyecto de presupuestos por no respetar lo acordado por el pleno municipal se debe someter a la cuestión de confianza. Solo así se dará coherencia política a la gestión municipal y ninguno de los grupos políticos incurrirá en fraude a los vecinos.