Para muchos se inicia el dos mil veinte con la esperanza de que mañana nazca un nuevo gobierno de coalición de izquierdas para resolver uno de los mayores problemas políticos que tiene España desde hace décadas: el modelo territorial. Y que de paso, el nuevo gobierno que salga del parlamento también aborde la crisis institucional, derivada precisamente de la territorial, y la mejora social de las condiciones de trabajo deterioradas en pro de salvar al país de la crisis de 2008, que acabo con dos reformas laborales y donde, diez años después, los únicos que no se han recuperado han sido los trabajadores y las familias.
El dos mil veinte comienza políticamente con un parlamento más fragmentado y con una ultraderecha, sobredimensionada precisamente por el problema territorial, que tiene mas peso político que nunca. Una ultraderecha dominante que marca el paso al resto de fuerzas conservadoras. Para esta derecha nueva, que ha surgido lícitamente de las urnas, un gobierno de coalición PSOE – UP con la abstención de los nacionalistas, después de cinco años llenos de inestabilidad política y con gobiernos en funciones, que es lo peor que le puede pasar a un país para avanzar, la coalición llega para hundir a España en la miseria mas absoluta y acabar con su historia.
Ese será el mensaje derrotista desde el primer día. No habrá tregua para el pacto progresista del abrazo. Sin embargo no está la derecha, ni sus actuales líderes, en condiciones de solucionar los problemas de Cataluña, ni del independentismo, porque precisamente los tres partidos que la representan, PP, VOX y Cs, ven en la confrontación territorial una oportunidad para fidelizar a sus votantes y poder restar votos a sus hermanos competidores.
Pero ocurre lo mismo en los partidos de corte independentista, catalanes y vascos, que cuanto mas radicaliza la ultraderecha su posición en la definición del modelo de estado autonomista surgido de la transición, o centralista en el caso de Vox, mas crecen en número de simpatizantes los independentistas y mayores éxitos políticos cosechan dentro y fuera de Europa.
Por todo ello, mientras la confrontación territorial, en muchos casos solo semántica, sea una fuente de votos y solo se mida en términos electorales el problema será irresoluble. Pero además, nunca se podrán abordar estos problemas por partidos que tienen tan exigua representación política en Cataluña y País Vasco y que su única estrategia es trasladar decisiones políticas a otros poderes del estado judicializando el enfrentamiento.
En esta región de Castilla La Mancha, llena de declaraciones ambiguas y de silencios significativos, muy pocas voces salen en defensa de un modelo de gobierno PSOE – UP con la abstención de los nacionalistas. Más bien al contrario. Parece que lo importante es la defensa de un modelo territorial llamado necesariamente a revisarse. Bien sea mediante una reforma del Estatuto de Cataluña, con la posterior pregunta a todos los catalanes, o mediante la reforma de la Constitución preguntando a todos los españoles.
Este gobierno de coalición es la única opción posible para un programa político que pueda abordar con garantías la recuperación de los derechos sociales y laborales y al mismo tiempo abordar mediante el dialogo los dos grandes problemas que afectan al Estado: la territorialidad y la crisis institucional.
Mientras la valoración del nuevo gobierno se realice solo en términos electorales y de partido, sin entrar en el programa de coalición pactado, es difícil de ver la dimensión social y progresista que permitirá recuperar derechos y libertades perdidos durante toda la década y al mismo tiempo poder sentarse a la mesa con otros partidos democráticos que tienen en su ideario un nuevo modelo de Estado.
Hasta hora con la judicialización del conflicto por parte de la derecha y con la torpeza del poder judicial lo que se ha conseguido ha sido el ridículo internacional por no dialogar.
