Algo se mueve en el Campo de Calatrava y en la asociación para el desarrollo de esta zona de la provincia. Alcaldes, jóvenes empresarios, un representante de la universidad, una fundación que tiene entre sus fines el desarrollo rural, etc., sentados en torno a una mesa para debatir y crear foros y grupos de trabajo que aporten ideas para evitar esta sangría demográfica que tiene la provincia. La participación ciudadana y la concienciación de los actuales gestores en cada municipio es esencial para comenzar a ver la realidad. No obstante, no es suficiente y desde luego no es el mejor camino para evitar que la provincia siga despoblándose y en los pueblos solo queden los más viejos.
¡Chapeau! a la iniciativa y a las ganas de querer colaborar, pero no hay musculo suficiente entre todos ellos para poder revertir el problema y solo van a conseguir entrar en una absurda competición entre los pueblos que conforman el Campo de Calatrava. Solo servirá para que algunos alcaldes den vueltas por las radios locales pregonando a modo de aguacil las ofertas que tiene su pueblo para quienes quieran irse a vivir allí. El problema de la despoblación no es atraer nuevos vecinos a vivir en un pueblo de la comarca del Campo de Calatrava, pero con el trabajo en ciudad real, los hijos en los colegios de ciudad real, el ocio en ciudad real y dependiendo de un transporte diario a la capital. Eso ya está sucediendo desde hace veinticinco años en MIguelturra y otros pueblos de la periferia de la capital precisamente por la torpeza del partido popular durante sus años de gobierno en la capital.
La buena voluntad de estos foros no es suficiente y desde luego no es el mejor camino para evitar que la provincia siga despoblándose y en los pueblos solo queden los más viejos. NO se puede establecer una competencia entre pueblos para ver quien ofrece más ventajas para atraer a nuevos pobladores. No se pueden establecer Incentivos fiscales en forma de discriminación positiva de dudosa legalidad, solo por cambiar de residencia comprando una vivienda, puesto que no están dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión o vulnerables. No se puede arreglar la despoblación de los pueblos con ocurrencias como pagar el kilometraje para quienes vivan en él y trabajen en la capital; o con un plan de venta de viviendas rurales y unas ayudas a la compra que ya existen y están regladas para todos.
El primer esfuerzo contra la despoblación es el empleo. Si no hay trabajo se marcharan del municipio buscándolo a otro lugar. De qué sirve vender una vivienda a bajo precio en un municipio si la persona que la ocupa no tiene trabajo. O se les va a pedir la vida laboral. A la larga un problema y un parado más para el ayuntamiento. Es mucho más importante ayudar a crear puestos de trabajo, con proyectos de empresas individuales o compartidas, que vender viviendas a bajo precio y pagar kilometraje.
Luchar contra la despoblación requiere rigor y coordinación entre las administraciones responsables y de un esfuerzo económico que no aparece reflejado en ninguno de los presupuestos de quienes tienen actualmente la responsabilidad institucional, Europa, España, Comunidades autónomas, Diputaciones y en último lugar los Ayuntamientos. Requiere de medidas estructurales que aporten soluciones de futuro sostenibles en el tiempo.
A modo de enumeración y solo como ejemplo de algunas cosas es necesario: Digitalización de los municipios incluida su formación; Una red de Transportes y comunicaciones eficaces; Una nueva forma de municipalismo que aborde la financiación local y la transformación de los Ayuntamientos y sus servicios municipales; Incentivos fiscales a empresas y emprendedores en los territorios despoblados para IVA y sociedades; Una nueva política agraria común que no esté basada en la subvención de supervivencia; Una nueva ordenación agrícola del territorio; Una revisión de la ley de arrendamientos agrícolas; Una ordenación urbanística comarcal para áreas económicas e industriales sostenibles que contemple la especialización con planes de aprovechamiento de los recursos naturales de cada municipio o comarca; Una compensación económica real para las áreas protegidas medioambientalmente. En definitiva, hace falta una política coordinada que contemple el problema de forma conjunta. La provincia ya es una unidad administrativa que empieza a tener musculo suficiente para acometer algunos de los problemas.
