Es cierto lo que decía su Señoría el 17 de noviembre en la vistilla publica que celebro en el juzgado: “en el supuesto caso de que resulte fallida la venta del aeropuerto estaremos mejor que al principio porque tendremos dinero en la caja”. Es verdad su afirmación. La gestión de los primeros seis años, hasta que llego el actual juez al juzgado, era tan nefasta por parte de los administradores concursales que aumentaban los créditos contra la masa y además las facturas a los proveedores se quedaban sin pagar. No obstante, ese argumento solo puede utilizarse para su etapa al frente del concurso de acreedores, los dos últimos años. Pero lo realmente importante y trascendente para la infraestructura no son estos dos últimos años, son los ocho que han transcurrido desde la declaración del concurso.
En junio del 2010 su predecesor al frente del juzgado designo tres administradores concursales como responsables de la empresa CR Aeropuerto y ceso a su consejo de administración y estos a todo su personal. A los dieciséis meses de estar operativo el aeropuerto. Ocho años después es a este Juez a quien le corresponde la decisión de cesar a quienes han generado mucho mas deuda y créditos contra la masa que dinero existe en la caja del aeropuerto. Son los administradores concursales quienes “con procedimientos negociados” han llevado a esta situación de pérdida de licencias, deterioro de la infraestructura y al descredito administrativo del procedimiento concursal a nivel nacional e internacional. Su desconocimiento de un aeropuerto, de su modelo de gestión, de la realidad de los mercados, ha inducido a los sucesivos jueces del concurso a tomar decisiones que nos ha devuelto ocho años después a la casilla de salida en peores condiciones.
El estar mejor porque existe dinero en la caja del aeropuerto no es la respuesta a ocho años de procedimiento concursal porque el dinero existente solo sirve para pagar a una estructura que ha devenido ineficaz para gestionar el fin básico del concurso. La deuda ha seguido aumentando, los acreedores están en peor situación, la infraestructura se ha deteriorado y los intangibles del aeropuerto que le daban valor se han perdido.
No será fácil abordar la próxima etapa con una instalación industrial sin las licencias de aeropuerto ni el resto de permisos administrativos que conforman el aeropuerto internacional. La única salida que puede dar prestigio y credibilidad al procedimiento será la SUBASTA PUBLICA INTERNACIONAL. La elaboración de un cuaderno de venta y colocarlo en manos de las empresas especializadas de banca internacional de inversiones, con la garantía del juzgado mercantil y con el apoyo de las instituciones de ámbito regional, provincial y local, incluida la cámara de comercio, es el único modelo garantista para retomar y enderezar este concurso de acreedores. Eso sí, con un derecho de adquisición preferente por parte de la administración si no se llegan a unos mínimos.
El actual juez cuando llego y se hizo cargo del concurso tuvo que salvar al aeropuerto declarando la nulidad de una adjudicación ridícula por DIEZ MIL EUROS. No obstante, y consecuencia de un procedimiento cuasi negociado por los administradores, que el mismo juez asumió, quizás deslumbrado por las propuestas de unos falsos especialistas, dos años después se encuentra con una delicada situación donde si no toma rápidamente las medidas adecuadas pueden llover las querellas y demandas por doquier. Hoy día la primera medida que puede tomar el juez es el cese de administradores y su personal auxiliar (que no delegado auxiliar, que hasta en eso los administradores han errado) planteado como un “cese fusible” aunque posiblemente eso no excluya las demandas.
Las condiciones económicas, nacionales e internacionales, han cambiado en estos ocho años y el juzgado debe de haber aprendido que gestionar una infraestructura, implantada en territorio con un valor estratégico y que además debe ser colocada en el mercado, no puede realizarse por el procedimiento negociado porque solo acuden a su rescate tiburones de otras aguas. Igualmente, las instituciones habrán aprendido que una infraestructura ya implantada y de valor estratégico no se la puede dejar abandonada. Que fácil ha resultado decir que el aeropuerto estaba judicializado para no comprometerse políticamente no vaya a ser que les salpicase, aunque en la sombra “los peones” se movieran con otros intereses.
